Intrum Justitia, compañía europea especializada en el tratamiento y gestión de cuentas a cobrar, considera que la Ley de Morosidad, que entró en vigor hace un año y medio, no ha conseguido cumplir su principal objetivo: reducir la morosidad en las operaciones comerciales. Según la multinacional sueca, el desconocimiento del contenido de la normativa, así como las malas prácticas de pago propias de la cultura empresarial española, está impidiendo su correcta aplicación por parte de las compañías.

Intrum Justitia estima que si bien la ley antimorosidad ha supuesto un intento por mitigar los problemas de solvencia de las empresas españolas -especialmente entre aquéllas de menor tamaño en las que la demora en los pagos provoca graves problemas de liquidez-, la normativa sigue planteando cierto desconcierto y polémica.

De esta manera, algunas expresiones, como salvo pacto en contrario, a las que se hace referencia en el texto legal, generan confusión ya que determina la validez de un posible acuerdo previo entre las partes a pesar de que éste difiera de lo establecido por la ley vigente.

Asimismo, la compañía considera que el principal motivo por el que esta ley no ha tenido una gran acogida por parte de las empresas se debe a razones meramente culturales. Según el director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra, en España existe una cultura de morosidad y el retraso en el pago conlleva cierta intencionalidad con el objetivo de financiarse a costa del proveedor. Además los empresarios, entre otras cosas, temen dañar la relación de confianza con sus clientes al aplicar la directiva.

Información y concienciación; posibles soluciones

De acuerdo con estas afirmaciones, España ocupa el quinto lugar en el ranking de países europeos con mayor índice de morosidad, según el estudio semestral de hábitos de pago que realiza Intrum Justitia. Además, los plazos de cobro medios en nuestro país sobrepasan los ochenta días.

En este sentido, Intrum Justitia propone, como solución para reducir la morosidad en el tejido empresarial español y aplicar correctamente la Ley de Morosidad, difundir una campaña de información sobre los intereses de demora por el retraso de pago, indemnización por costes de cobro, prohibición de cláusulas abusivas y plazos concretos para empresas y organismos públicos, entre otros.

Asimismo, la elaboración de un código de buenas prácticas para mejorar el comportamiento ético de las empresas, son otros de los pasos necesarios para disminuir las deudas y los plazos de cobro.