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Intrum Justitia a favor de revisar la Ley de Morosidad

2008-12-18

  • Aplicar las medidas que sancionan los retrasos en los pagos es una de las soluciones propuestas por Intrum Justitia.
  • El desconocimiento de la Ley y las malas prácticas de pago están impidiendo su correcta aplicación.

Intrum Justitia, compañía europea especializada en gestión de cobro, considera que la Ley de Morosidad, que entró en vigor hace cuatro años, no ha conseguido cumplir su principal objetivo: reducir la morosidad en las operaciones comerciales. Según la multinacional sueca, el desconocimiento del contenido de la normativa, así como las malas prácticas de pago están impidiendo su correcta aplicación.

Intrum Justitia estima que si bien la “Ley Antimorosidad” ha supuesto un intento por mitigar los problemas de solvencia de las empresas españolas -especialmente entre aquéllas de menor tamaño en las que la demora en los pagos provoca graves problemas de liquidez-, la normativa sigue planteando “cierto desconcierto y polémica”.

Ante esta situación, el Gobierno reconoció ayer la necesidad de agilizar los retrasos en los pagos por parte de la Administración Pública así como de modificar la Ley de Morosidad para seguir avanzando en este sentido.

Según Luis Salvaterra, Director General de Intrum Justitia Ibérica, “los plazos máximos para realizar los pagos deberían respetarse y en caso de que el plazo se supere deberían aplicarse las medidas establecidas para mitigar los perjuicios por los retrasos”. Así, la Ley prevé sanciones como intereses de demora y la indemnización por costes de cobro.

Intrum Justitia apuesta por respetar el plazo de pago recomendado en la Ley de Morosidad de 30 días. En este sentido, según el estudio “Índice de Riesgo 2008” de Intrum Justitia la Administración Pública tarda de media más de 145 días en pagar sus deudas. Además, la media del plazo de pago real en los países europeos es de 59,2 días frente a los 90 días de media en que se sitúan los pagos en España.

Una de las principales conclusiones del estudio es que el riesgo en las operaciones comerciales en España se ha incrementado respecto a 2007 en un punto. De hecho, es la primera vez que se incrementa este índice de riesgo después de cuatro años de descenso continuado.

Para Luis Salvaterra, Director General de Intrum Justitia Ibérica, “la actual situación de desaceleración económica va a incrementar notablemente las dificultades de cobro de muchas empresas”.

Además, Salvaterra ha declarado que “respecto al índice de riesgo y el retraso de los pagos, en España se trata de un problema estructural que se agrava con una situación coyuntural como en estos momentos ocurre con la crisis económica y financiera que atraviesa el país”.

Para solucionar esta situación lo más eficaz, según Intrum Justitia sería implementar una serie de medidas preventivas tales como:

  • Una política de crédito adecuada a la solidez financiera y posibles riesgos que pueda presentar la empresa.
  • Gestionar y controlar las deudas de los clientes estableciendo dos límites de crédito a cada uno. Así, cuando el cliente sobrepasa el límite de crédito inferior es buen momento para recopilar información y empezar a tomar medidas, mientras que sobrepasar el límite superior es un aviso para suspender las entregas pendientes.
  • Comprobar y actualizar periódicamente los datos de facturación de los clientes.
  • Solicitar a cada cliente un informe comercial antes de realizar una venta a crédito.
  • Fijar con los clientes unos plazos de pago flexibles con la posibilidad de que puedan aumentar con el paso del tiempo siempre que estos plazos se cumplan según lo acordado.

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