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Intrum Justitia insiste en la necesidad de incluir medidas contra la morosidad en la Ley de Economía Sostenible

2009-11-27

  • Se prevé aprobar el próximo viernes 27 de noviembre en Consejo de Ministros
  • Fijar plazos de pago de 30 días por contrato, tanto para empresas como para Administración Pública, sería uno de los puntos clave para Intrum Justitia. Según datos de la multinacional sueca estos pagos se realizan actualmente en España en 139 días por parte de la Administración Pública y 98 días por parte de las empresas
  • Luís Salvaterra director general de Intrum Justitia Ibérica comenta que “el pago a tiempo de las facturas por parte de la Administración Pública española equivaldría a una inyección económica de 9.300 millones de euros, una cifra que aliviaría la actual situación, especialmente para las empresas que en el 90% de los casos recibe los pagos con retraso”

Intrum Justitia, multinacional sueca especializada en servicios de gestión de crédito, insiste en la necesidad de incluir medidas contra la morosidad en la Ley de Economía Sostenible que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo viernes 27 de noviembre.

Una de las medidas que Intrum Justitia considera clave es fijar 30 días por contrato como plazo de pago, tanto para empresas como para Administraciones Públicas y cobrar los intereses de demora estipulados por Ley. En este sentido, Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia Ibérica comenta que, “los plazos máximos para realizar los pagos deberían respetarse y en caso de que el plazo se supere deberían aplicarse las medidas establecidas por Ley para mitigar los perjuicios por los retrasos. Estas medidas no se están ejecutando mayoritariamente en la actualidad”

Según el informe ”Índice de Riesgo 2009” elaborado por Intrum Justitia, la Administración Pública española tarda 139 días en efectuar sus pagos, una cifra que en el caso de las empresas se sitúa en 98 días y 57 días en el caso de los particulares. En el resto de Europa estas mismas cifras disminuyen considerablemente, así la Administración Pública tarda 67 días frente a los 57 de las empresas privadas o 41 días de los particulares.

Ante estas cifras, Luís Salvaterra comenta que, “el pago a tiempo de las facturas por parte de la Administración Pública española equivaldría a una inyección económica de 9.300 millones de euros, una cifra que aliviaría la actual situación especialmente para las empresas que en el 90% de los casos recibe los pagos con retraso”.

Intrum Justitia, propone también aplicar una serie de medidas preventivas:

  • Analizar la cartera de riesgo con mayor periodicidad.
  • Supervisar con regularidad la solvencia de los clientes.
  • Tener un contacto directo antes de la fecha de vencimiento de la factura y confirmar la información sobre la factura y pago de la misma.
  • Comenzar el seguimiento inmediatamente después de la fecha de vencimiento.
  • Asignar la recuperación a un intermediario especializado.
  • Hacer una mejor segmentación de la cartera de clientes.

Sobre el estudio “Índice de Riesgo 2009”
El estudio sobre el Índice de Riesgo se realiza con una encuesta entre miles de empresas en Europa desde el año 2000. Esta información, enriquecida con datos estadísticos y económicos junto con datos propios de Intrum Justitia ofrece información del riesgo de impago de cada país.

El Índice de Riesgo es en sí un índice creado por Intrum Justitia a partir de diversas variables que se refieren al riesgo de obtener el pago de las operaciones comerciales. Es preciso tener en cuenta que las encuestas realizadas en este estudio se llevaron a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de 2009.


Notas de prensa
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