Sólo el 24% de las empresas en España aplica los intereses de demora como medida preventiva para evitar el retraso en los pagos, según un estudio realizado por Intrum Justitia, multinacional europea especializada en el tratamiento y gestión de cuentas a cobrar. Además, únicamente el 28% de estas compañías añade costes por requerimiento en las deudas acumuladas.

El informe, que analiza la metodología empleada por las empresas españolas para la gestión de cobros, revela que la mayoría de las compañías establece como principales medidas la realización de un seguimiento telefónico para obtener el pago (63%) o la suspensión de las entregas de sus productos o servicios (60%).

Asimismo, el estudio muestra que más de la mitad de las empresas encuestadas prefiere aclarar la política de cobros estableciendo límites de crédito a sus clientes (53%) o acortar los plazos de pago (40%). Finalmente, tres de cada diez compañías se distinguen por enviar el primer requerimiento de pago con anticipación con el objetivo de reducir la morosidad y evitar las pérdidas derivadas de las deudas.

Hacia una adecuada política de cobro

Según el informe elaborado por la multinacional sueca, otra de las medidas cada vez más considerada por las empresas españolas a la hora de agilizar el pago es externalizar la gestión de sus cuentas a cobrar, delegándolo en empresas especializadas.

Según el director general de Intrum Justitia Ibérica, Luis Salvaterra, las pérdidas por impagos que suponen un 2,6% de las ventas en nuestro país, demuestran que cada vez, es más necesaria una gestión de créditos y cobros más profesional, sobre todo en las pequeñas empresas que precisan de una liquidez más inmediata.

En este sentido, el estudio de Intrum Justitia propone como soluciones óptimas para reducir la morosidad en el tejido empresarial español, la aplicación de los intereses de demora por el retraso de pago, así como la prohibición de cláusulas abusivas. Además, otras medidas, como el establecimiento de plazos concretos para empresas y organismos públicos y la planificación del envío del primer requerimiento de pago con anticipación, contribuirán a reducir la demora en los pagos.

Asimismo, el informe plantea la necesidad de instaurar una adecuada política de crédito que, apoyada por un servicio profesional externo, obtenga información previa de cada nuevo cliente, compruebe las transacciones como contratos, albaranes u órdenes de compra y realice un seguimiento de las empresas en sectores o situaciones de alto riesgo.

Finalmente, la elaboración de un código de buenas prácticas para mantener un rigor estricto en los plazos de pago por parte las compañías es otra de las propuestas que plantea este estudio para disminuir las deudas y los plazos de cobro.