Las empresas estatales en España registran un mayor retraso en el pago de sus facturas, con un plazo medio de 113,3 días, mientras que las empresas de carácter privado tardan un total de 63,6 días en gestionar sus cuentas, según el estudio Índices de Riesgo 2006 realizado entre 23 países europeos por Intrum Justita, compañía europea especializada en el tratamiento y gestión de cuentas a cobrar.

De esta manera, el informe revela que el sector público es el que disfruta del plazo de pago más largo en España, mientras que el sector más puntual viene representado por el colectivo de los consumidores, que realizan sus pagos en un plazo medio de 63,6 días, lo que supone un retraso de ocho días.

Según el análisis de Intrum Justitia, aproximadamente el 43% de las cuentas a cobrar de las empresas en España están vencidas en plazo, lo que representa en términos económicos un montante de más de 16.000 millones de euros, tomando en cuenta que la mitad de las ventas no se pagan en efectivo (al contado o con tarjetas de crédito).

El retraso en el pago se reduce en un día con respecto al año anterior

Por otro lado, el informe muestra que en España el retraso en el pago se ha reducido en un día con respecto al año anterior, lo que supone que las empresas se demoraron una media de 14,7 días para hacer frente al pago de sus facturas durante 2005.

Por grupos de pagadores, el estudio muestra que durante el último año las empresas públicas redujeron sus plazos de pago en un 2,7%, hasta los 113,3 días, mientras que el sector privado lo hizo en un 0,7%, hasta los 82,4 días de media. Los consumidores, por su parte, tardaron una media de 63,6 días en efectuar sus pagos, un 1,5% menos que el año anterior.

En relación al periodo de antigüedad de las cuentas a cobrar, el estudio muestra que la cifra de deudas de más de 120 días ha descendido del 11,5% al 7,4% en el último año, mientras que aquéllas cuya antigüedad se encuentra entre 91 y 120 días, aumentó hasta el 15,1%.

Asimismo, el estudio detalla las prioridades de las empresas a la hora de realizar sus pagos. De esta manera, las compañías asumen como prioritario el pago de sus cuentas a los proveedores fundamentales para el negocio, seguido del sector público. Las facturas derivadas de los intereses y amortizaciones adeudados a los bancos se pagan en tercer lugar.

Finalmente, el estudio de Intrum Justitia concluye que las compañías no se muestran demasiado optimistas con respecto a la evolución futura de los índices de riesgo de pago, ya que el 86,8% considera que los niveles de riesgo se mantendrán (64,4%) en su nivel actual e incluso aumentarán (22,4%), mientras que sólo un 13,2% prevé una tendencia más favorable.