• Según Luís Salvaterra, director general de Intrum Justitia “Esta medida nos equiparará a los comportamientos de pago de otros países del norte de Europa como Suecia o Finlandia que son desde hace tiempo ejemplo, ya que España está actualmente a la cola de Europa” Además añade "también ayudará a que empresas extranjeras quiera hacer negocios con España".
• Además Salvaterra añade “Todas las medidas encaminadas a sancionar al deudor por el incumplimiento de sus pagos son muy positivas como por ejemplo penalizar más a los incumplidores a través del pago de los gastos administrativos”

Intrum Justitia, multinacional sueca especializada en servicios de gestión de crédito, aplaude la aprobación de la reforma de la Ley de Morosidad de ayer en el Congreso y que está pendiente de aprobación por parte del Senado. Así, para Luís Salvaterra, director general de Intrum Justitia, “Esta medida nos equiparará a los comportamientos de pago de otros países del norte de Europa como Suecia o Finlandia que son desde hace tiempo ejemplo, ya que España está actualmente a la cola de Europa”. Además añade "también ayudará a que empresas extranjeras quieran hacer negocios con España".

Una de las medidas que se han tomado es la reducción de los plazos de pago a 30 días para la Administración Pública y a 60 días para las empresas, ”una medida muy necesarias en España y que ya se vienen aplicando hace tiempo en otros países europeos” comenta Luís Salvaterra, director general de Intrum Justitia Ibércia. Así, y según datos del Índice de Riesgo 2009, en el norte de Europa presentan unos plazos de pago reducidos. Finlandia es el país de Europa con los plazos de pago más bajos con 25-30 días de media, unas cifras que en al caso de Suecia asciendien a 30-40 días. Estos plazos de pago son una de las pautas que permite a estos países contar con unas pérdidas por impagos mínimas: en el caso de Finlandia se sitúan en un 0,5-1% mientras que en Suecia son del 1%.

Estas cifras contrastan con las de otros países del sur de Europa como España donde los plazos de pago presentan actualmente una media de 98 días y las pérdidas por impagos se duplican alcanzando el 2,4%. Concretamente, según datos del “Índice de Riesgo 2009” la Administración Pública tarda en pagar sus facturas 139 días frente a los 98 días de las empresas y 57 de los particulares. Según Luís Salvaterra, “Actualmente en España el 65% de las pymes y el 80% de los autónomos se encuentran en una situación de riesgo por los retrasos en los pagos e impagos”.

A la reducción en los plazos de pago hay que sumarle otras medidas como la indemnización por la demora en los pagos o la posibilidad de recurrir las cláusulas abusivas de los contratos. Además, estas últimas podrán ser recurridas por asociaciones y corporaciones empresariales preservando así la identidad de quien sufre los abusos. Estas medidas ya se implementan en otros países como Alemania, Países Bajos o Suiza. Así según Salvaterra “Todas la medidas encaminadas a sancionar al deudor por el incumplimiento de sus pagos son muy positivas como por ejemplo penalizar más a los incumplidores a través del pago de los gastos administrativos”.

Según Salvaterra ”La puesta en marcha de esta ley es permitirá a España posicionarse a la altura de otros países Europeos. Se trata de una medida muy positiva, que si bien no hará cambiar las cosas de manera radical, si supondrá una mejora sustancial de la situación. Concretamente la reducción del plazo de pago por parte de las Administraciones Públicas a 30 días, es una medida muy positiva que supondrá entre otras cosas una inyección de liquidez para las empresas, permitiéndoles invertir más en temas de empleo o en I+D+I”.

Sobre el estudio “Índice de Riesgo 2009”
El estudio sobre el Índice de Riesgo se realiza con una encuesta entre miles de empresas en Europa desde el año 2000. Esta información, enriquecida con datos estadísticos y económicos junto con datos propios de Intrum Justitia ofrece información del riesgo de impago de cada país. El Índice de Riesgo es en sí un índice creado por Intrum Justitia a partir de diversas variables que se refieren al riesgo de obtener el pago de las operaciones comerciales. Es preciso tener en cuenta que las encuestas realizadas en este estudio se llevaron a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de 2009.